domingo, 2 de noviembre de 2008

La economía la maneja el Estado al servicio del Pueblo o la maneja el Mercado a su propio provecho y en perjuicio del Pueblo
Juan Perón

A.F.J.P. Y LA VUELTA DEL DISCURSO ANTI-ESTADO

Por César Pucheta (*)


Las primeras dos privatizaciones del periodo menemista fueron el Canal 11 y el Canal 13. El primero fue adquirido por Televisión Federal (TELEFE) que hoy es parte del paquete de empresas del Grupo Telefónica de España. El segundo quedó en manos de la empresa Artear, hoy parte del Grupo Clarín. Al día siguiente, la tapa del matutino con mayor circulación del país, Clarín, festejaba tapa mientras vaticinaba el proceso que con el ministro Dromi a la cabeza se gestaba en la Argentina de los 90´s. “Primera privatización” fue el título aquella mañana en donde el plan comenzaba a materializarse.


No fue casualidad, claro está, el discurso que comenzó a homogeneizarse en la sociedad daba cuenta de un Estado ineficiente, un Estado corrupto, enfermo, incapaz de administrar nada. Tras esa construcción de imaginario se colaron las privatizaciones.

Nada de lo que deba ser público, permanecerá en manos del Estado”


La frase, increíblemente, fue pronunciada en un acto oficial. El ministro de Obras y Servicios Público, Roberto Dromi justificaba la entrega de los bienes nacionales con la misma impudicia por la que los medios no parecían percatarse de nada. El plan privatista le sirvió al menemismo para despojarse de un puñado de las empresas más importantes de la historia del país (YPF, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentinas, etc.) pero también funcionó a la perfección para desmantelar el aparato estatal y desplazar al Estado de sus funciones centrales. Un caso ejemplo, hoy tiene tinte de polémica: los jubilados.


El desembarco de las AFJP representó la huída masiva de los trabajadores al sistema de previsión privada que venía de la mano de las privatizaciones masivas. El panorama diario en aquellos primeros 90´s mostraba a un puñado de empresas que prometían un paquete de beneficios seductor instaladas no sólo en todos los medios sino también en el espacio público.


El traspaso del sistema estatal al privado era firmado en las plazas, a la salida de las fábricas, en los supermercados. El trabajador decidía su futuro seducido (en parte por las promesas de las empresas y en parte por las bellas promotoras ubicadas estratégicamente para conseguir la firma que certificaba el traspaso) basándose en una ideología que se imponía desde el sector de los medios concentrados y desde el poder político. Así comenzó todo. El dinero que los trabajadores aportaban era tomado por las empresas que apostaban a invertirlo en la compra de bonos y acciones y en la adquisición de oros bienes y empresas. Una vez en la “timba financiera”, los nuevos dueños del futuro de los jubilados argentinos apostaban a recuperar lo aportado por los trabajadores y, así, hacer frente a sus compromisos y obtener ventajas económicas. Como suele suceder a menudo, la mano invisible del mercado no funcionó como era esperado y el futuro de los argentinos se hipotecaba día a día. Las AFJP comenzaron a mostrar sus limitaciones y el poder político de turno acudía a su rescate con mecanismos que, por debajo de la mesa, no hacían más que empeorar la situación a base de parches ineficientes.


El anuncio del fin de las AFJP llegó a la escena pública como todas las políticas del kirchnerismo (en sus dos períodos): un baldazo sorpresivo que en muchos casos tiene más olor a manotazo de ahogado que a proyecto política claro. Pasó con las retenciones móviles, pasó con la estatización de Aerolíneas, pasa con la Ley de Radiodifusión y ahora sucede con las jubilaciones. Esa pésima política comunicacional da lugar a discusiones que dejan de lado lo profundo del tema para dar paso a discusiones banales y a la repetición de sinsentidos que empobrecen todos los análisis que fondo necesita la Argentina actual.


Los discursos del mercado aparecen como los únicos tolerables y el papel del Estado se desconoce, se subestima, se deslegitima cada vez con mayor faciliad. De esto también tiene la culpa la clase política que, lejos de renovarse, se enquista cada vez más fuerte en el poder político actual. Pero un papel clave lo tienen os medios concentrados. El modo en que el mecanismo funciona fue claramente explicitado por los mas de 750 intelectuales nucleados en el espacio Carta Abierta en su segunda producción aparecida el 4 de Junio de este año: “los grandes medios dicen darle espacio a todas las voces (a todas las voces que invitan, claro), y por carácter transitivo aparecen como depositarios de la soberanía.


Desde tan inmaculado lugar, juzgan a gobiernos, a parlamentos, a jueces, absorben la sabiduría de los expertos y las emociones de los sufrientes, diseñan los sueños de la audiencia sin pretensiones para luego acompañarla y premiarla, denuncian delitos, testimonian crímenes, editorializan sobre cualquier sector, compran o fabrican prestigios para más tarde re-venderlos, mientras recurren a los golpes fáciles y a la repetición infinita de sí mismos para lidiar en el mercado del rating y concluir que, a ellos, “la gente los elige todos los días” en una suerte de comicios “más directos” que aquellos donde concurren cada dos años las fuerzas partidarias y la ciudadanía.”


Desde esa soberbia mediática el discurso de los medios se impone socialmente y así genera el mapa que más les conviene para garantizar el logro de sus objetivos. Hoy, es al menos peligroso para los medios dar lugar a un mensaje que ponga en discusión la posibilidad del Estado de hacer frente a sus obligaciones por medio de políticas que tiendan a recuperar todo aquello que fue tristemente cedido durante los últimos 20 años.


No sólo porque dar lugar a este tipo de discusiones puede sentar un antecedente peligroso para sus intereses en un marco en que el Estado parece intentar modificar la Ley de Radiodifusión dictatorial y aún vigente desde 1980 sino, además, porque por el propio funcionamiento actual del mercado las empresas que tienen inversiones en los paquetes mediáticos son, en muchos casos, los mismos que tienen algún tipo de acción financiera jugando en el mercado de las AFJP.


Es entonces, en este marco en que la discusión acerca de la decisión del gobierno nacional de nacionalizar las jubilaciones se debate en la escena pública.


A los gobiernos de turno se les suele pedir de manera permanente una actitud que dé respuestas a las problemática más básicas de la vida social. Los reclamos son, lamentablemente, moneda corriente en nuestro país. Y digo lamentablemente porque la gran mayoría de esos reclamos son justos, responden a causas nobles, representan en realidad una escena problemática que necesita ser revisada de manera permanente. Pero esos reclamos, lejos de ser una exigencia hacia los grupos gobernantes del momento, deben ser canalizados por políticas estatales, no gubernamentales. O sea, las políticas deben tender a exceder a quién se encuentre en ese momento ejerciendo el cargo público.


¿Está mal que el Estado se haga cargo de la educación? ¿Está mal que el Estado se ocupe de la promoción social para las clases con menos recursos? ¿Está mal que Estado se haga cargo de la salud? La respuestas seguramente será negativa. Entonces, ¿cuál sería el problema de que el Estado se haga cargo de la previsión social, del futuro de los jubilados? Sobradas razones tienen de desconfiar de la actual gestión los ciudadanos que ven día a día cómo aumentan los precios y como los sectores partidarios de la política siguen reproduciéndose en los marcos institucionales, pero la medida excede al matrimonio presidencial, trasciende al gobierno de Cristina Fernández y a todos los que le seguirán.


La apuesta es por la vuelta del Estado a la administración y regulación de la vida de los jubilados de la Argentina. La defensa de los capitales privados que se han enriquecido durante los últimos años a base de malversación de fondos que no les pertenecían ya no tiene cabida en un camino que debe apuntar a un mejoramiento de las condiciones en el transitar de la nación. Seguramente, hay que afinar mecanismos, hay que garantizar un ANSES transparente, es necesario avanzar en los mecanismos de control sobre los fondos públicos, se hace imperante pensar la necesidad de arbitrar las medidas para que el Estado vuelva a ser confiable y que el discurso privatista se caiga por su propia fuerza ante una administración pública que recupere su eficiencia a base de hechos concretos.


(*) Periodista de Radio Revés. Presidente del C.E.C.I.